Esta es una de las propuestas de mejora planteadas por representantes de las cinco fundaciones que en Castilla-La Mancha procuran medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica a personas con discapacidad y personas mayores, entre ellas FUNDACE CLM, en una jornada organizada por el CERMI de Castilla-La Mancha para hablar del despliegue del Sistema de Apoyos tras la Ley 8/2021 de 2 de junio.
Una mesa con participación de representantes de Fundación Mayores, FUTUCAM, Fundación Familia y Fundación Madre, y donde Irene Vela, del Área Social de FUNDACE CLM, detalló la trayectoria de nuestra entidad, destacando la complejidad que supone intervenir y actuar con las personas con daño cerebral debido a la variedad y complejidad de secuelas, mucho más cuando hay medidas judiciales encomendadas.
En su intervención reclamó un mayor esfuerzo de las diferentes administraciones en materia de financiación para poder prestar las medidas de apoyo, especialmente para poder dotar a las plantillas de mayor personal y que éste sea más estable en el tiempo, un mensaje que fue secundado por todas las fundaciones presentes.
Otro punto de consenso fue reivindicar el papel y la importancia que los profesionales de lo social tienen en este campo y que se ha visto reforzado con las modificaciones normativas, ya que son los que mejor pueden detectar las posibles carencias de las personas y actuar para proporcionarles los apoyos que necesitan.
También hubo acuerdo a la hora de solicitar mayor coordinación entre los juzgados y las fundaciones, así como para demandar un aumento en los plazos elaborar los diversos informes que desde los juzgados se solicitan. Finalmente, se reclamó una mayor información a la sociedad en general, pero sobre todo a los agentes de servicios sociales sobre el impacto y cambios que supone la aplicación de esta reforma normativa.
La jornada, organizada con motivo de la conmemoración de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue inaugurada por Ana Saavedra, viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, y Cristina Gómez, presidenta del CERMI de Castilla-La Mancha.
También intervinieron Alba Tenorio, fiscal adjunta en materia de protección de personas con discapacidad de la Fiscalía provincial de Toledo, así como Marta Ibáñez, trabajadora social de Servicios Sociales de Atención Primaria de la Zona PRAS de Villaluenga de la Sagra.