Nuestro equipo de trabajo

Los recursos humanos con los que cuenta la Fundación Tutelar de Daños Cerebral se organizan en cuatro áreas de intervención, desde las que se llevan a cabo actuaciones en relación al ejercicio de los cargos tutelares encomendados por la autoridad jurídica, y otras acciones de asesoramiento, colaboración y coordinación con la Asociación de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha (www.adaceclm.org).

Las áreas son:

Área Social

El ejercicio de los cargos tutelares conlleva dos dimensiones claramente diferenciadas, por una parte, la dimensión personal y por otra, la vertiente patrimonial. Es en la primera, fundamentalmente, donde trabaja el área social de la fundación. El trabajo desarrollado de traduce como tarea principal en la detección de posibles carencias y necesidades del tutelado, siempre en permanente coordinación con el resto de profesionales de las diferentes áreas que integran la Fundación.

Área Psicológica

Un aspecto esencial en la atención al daño cerebral es el conocimiento especializado de sus elementos subyacentes. Desde el área psicológica, se valoran y estudian los perfiles de los afectados con la finalidad de conocer las limitaciones en las diferentes vertientes de la persona, así como sus potencialidades. De esta manera, se tiene una base sobre la que estimar unas metas coherentes, desarrolladas en el Plan Tutelar Individual. En él se determinan los objetivos a conseguir y las actuaciones que lo posibilitarán, de manera personalizada.

Área Jurídica

Esta área se centra en el aspecto jurídico en relación al otorgamiento de los cargos tutelares y presentación de los oportunos escritos ante los diferentes organismos tanto de carácter judicial como extrajudicial. Por otra parte, corresponde a esta área el asesoramiento de todas aquellas cuestiones de índole jurídico que pudieran suscitarse en relación a un tutelado o a un afectado, a través de la derivación del caso, principalmente desde ADACE CLM.

Área Económico-Administrativa

Se encarga básicamente de la administración patrimonial en el ejercicio del cargo tutelar, de manera que se optimicen los recursos de los que disponen los tutelados para que todas las operaciones en cuanto a la administración de los bienes se realicen teniendo como premisa final el único beneficio para el tutelado, y haciendo hincapié en una gestión absolutamente transparente.